El pasado 25 de Marzo, la agrupación CARTAYA PÚBLICA recogió firmas contra la privatización de los servicios públicos en la zona peatonal de Cartaya.Los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya hemos presentado hoy CARTAYA PÚBLICA (Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cartaya) con el objetivo de revertir la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) promovida por el Gobierno municipal. En la plataforma se integran personas a título individual y los grupos políticos PSOE e IU, estando abierta a nuevas incorporaciones.
CARTAYA PÚBLICA considera que el agua es un bien público y básico de toda la ciudadanía y no se puede convertir en un negocio. Ese bien público debe ser gestionado desde el sector público con transparencia, eficacia y con criterios de rentabilidad social. En cuanto a la recogida de RSU, consideramos que la gestión pública eficiente puede abaratar costes debido a que en ella no existe el lucro empresarial. Uno y otro servicio no pueden ser ni una fuente de financiación para el Ayuntamiento ni tampoco para nadie, ya sea persona, partido o grupo. Apostamos por una gestión pública de calidad de ambos servicios que lleve aparejada un abaratamiento de costes para la ciudadanía. En el recibo del agua o de la recogida y tratamiento de RSU los usuarios sólo deben pagar un servicio eficiente y nada más.
Denunciamos que la privatización del agua en Cartaya se ha hecho con una premisa que es mentira al haber dicho que el recibo que deben pagar los vecinos y vecinas se iba abaratar. Eso no es cierto y el agua no será más barata, como ha tenido que reconocer el propio Gobierno municipal. CARTAYA PÚBLICA considera que esas privatizaciones lo que harán finalmente es encarecer el agua y la recogida de basuras, además de deteriorar ambos servicios, como ha ocurrido en otros municipios cuyos gobiernos municipales han tomado decisiones similares a la adoptada por el de Cartaya para garantizar a las empresas concesionarias la obtención de beneficios empresariales. Las privatizaciones, además, constituyen un fraude a los cartayeros y cartayeras, puesto que ninguno de los partidos políticos que las han aprobado (ICAR, PP, PA y UPyD) se presentaron a las últimas elecciones municipales proponiendo la privatización de la prestación de servicios públicos. Muy al contrario, algún que otro partido de los que hoy gobiernan en Cartaya se presentó a las elecciones con un programa que contemplaba la creación de una empresa municipal de aguas y la municipalización de la recogida de RSU. CARTAYA PÚBLICA promueve una recogida de firmas entre los vecinos y vecinas de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil para que la reciente concesión por un año a empresas privadas de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y de recogida de RSU no dé paso a una adjudicación posterior por 25 o más años y se pueda recuperar la gestión pública de ambos servicios.
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