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lunes, 22 de julio de 2013

PSOE pide al alcalde que explique porqué no está conforme con la valoración económica realizada por la Junta de Andalucía relativa a ‘La Barranca’

Los socialistas han presentado alegaciones a la modificación urbanística hecha por el gobierno tripartito para que no se permita construir en este emblemático espacio 


La Barranca, detalle de una antigua fotografía


El Rompido, 29 de junio de 2013.- 
El PSOE de Cartaya ha señalado no entender que se esconde tras  la intención del alcalde de Cartaya, Juan Polo, de considerar infravalorada   la valoración realizada por la Junta de Andalucía sobre los terrenos de La Barranca, de igual modo, les resulta incomprensible, las declaraciones realizadas  en la reunión improvisada que convocó el pasado miércoles, en la cual realizó manifestaciones  diametralmente opuestas a las  manifestadas y consignadas en el acta del pleno  municipal de fecha 5 de abril  del presente año. Lo que queda patentemente demostrado, es su pretensión  de  cambiar el uso de La Barranca, respondiendo  a su afán de priorizar los intereses privados, dándole la espalda a  los públicos y demandados por la ciudadanía,  siendo   esta razón, por la que  el equipo de Gobierno ha ocultado la valoración de los terrenos realizada por la Comisión Provincial del Gobierno andaluz. 

Ante estos hechos,
los socialistas han presentado alegaciones a la modificación urbanística de ese paraje , aprobado por el equipo de gobierno en el pleno celebrado el 5 de abril y por el que pasaría de ser un espacio verde, de uso libre y dominio público a tener uso lucrativo y de servicios turísticos de carácter privado. 


Una modificación, -apuntó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alexis Landero- que permitirá que se hagan construcciones de hasta cuatro metros de altura con una ocupación de hasta el 50 por ciento de la superficie. 



Asimismo, el también secretario general del PSOE de Cartaya pidió al alcalde que explique las razones por las que el propio Ayuntamiento ha presentado alegaciones a la valoración de 400.000 euros realizada por la Junta de Andalucía “para que suba el precio de este espacio y favorecer los intereses especulativos”. 



Según Landero, “el alcalde continúa con su dinámica de   mentir, engañar y confundir  a la ciudadanía en su afán de querer responsabilizar de todo al anterior equipo de gobierno”. Además, el primer edil, como compensación de la pérdida del espacio publico de La Barranca, pretende construir un paseo marítimo en El Rompido “Un hecho al que se opone frontalmente todo el pueblo ya que supondría la perdida del principal atractivo turístico de El Rompido”. 



Por último, Landero recordó que se ha puesto en marcha una campaña bajo el lema
porque “no queremos perder un excelente mirador usado por muchas personas y donde existen incluso varios huertos sociales utilizados  por personas  mayores de El Rompido”. También se está llevando a cabo una recogida de firmas en este núcleo poblacional, para que La Barranca siga siendo de uso público y el Ayuntamiento no permita construcciones en esta zona emblemática.  

Con esta recogida de firmas “queremos reivindicar este espacio y que el Ayuntamiento trabaje de una vez por todas por El Rompido y por el sector turístico, tan importante para nuestro municipio, y por todos los ciudadanos de este núcleo costero que con sus impuestos también pagan el sueldo a un  equipo de gobierno que demuestra permanentemente  estar dando la espalda a la ciudadanía del municipio de Cartaya”. 

JSA - Cartaya contra la privatización de los servicios públicos cartayeros

El pasado 25 de Marzo, la agrupación CARTAYA PÚBLICA recogió firmas contra la privatización de los servicios públicos en la zona peatonal de Cartaya.​Los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya hemos presentado hoy CARTAYA PÚBLICA (Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cartaya) con el objetivo de revertir la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) promovida por el Gobierno municipal. En la plataforma se integran personas a título individual y los grupos políticos PSOE e IU, estando abierta a nuevas incorporaciones.​
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CARTAYA PÚBLICA considera que el agua es un bien público y básico de toda la ciudadanía y no se puede convertir en un negocio. Ese bien público debe ser gestionado desde el sector público con transparencia, eficacia y con criterios de rentabilidad social. En cuanto a la recogida de RSU, consideramos que la gestión pública eficiente puede abaratar costes debido a que en ella no existe el lucro empresarial. Uno y otro servicio no pueden ser ni una fuente de financiación para el Ayuntamiento ni tampoco para nadie, ya sea persona, partido o grupo.​ Apostamos por una gestión pública de calidad de ambos servicios que lleve aparejada un abaratamiento de costes para la ciudadanía. En el recibo del agua o de la recogida y tratamiento de RSU los usuarios sólo deben pagar un servicio eficiente y nada más.​
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Denunciamos que la privatización del agua en Cartaya se ha hecho con una premisa que es mentira al haber dicho que el recibo que deben pagar los vecinos y vecinas se iba abaratar. Eso no es cierto y el agua no será más barata, como ha tenido que reconocer el propio Gobierno municipal. CARTAYA PÚBLICA considera que esas privatizaciones lo que harán finalmente es encarecer el agua y la recogida de basuras, además de deteriorar ambos servicios, como ha ocurrido en otros municipios cuyos gobiernos municipales han tomado decisiones similares a la adoptada por el de Cartaya para garantizar a las empresas concesionarias la obtención de beneficios empresariales.​ Las privatizaciones, además, constituyen un fraude a los cartayeros y cartayeras, puesto que ninguno de los partidos políticos que las han aprobado (ICAR, PP, PA y UPyD) se presentaron a las últimas elecciones municipales proponiendo la privatización de la prestación de servicios públicos. Muy al contrario, algún que otro partido de los que hoy gobiernan en Cartaya se presentó a las elecciones con un programa que contemplaba la creación de una empresa municipal de aguas y la municipalización de la recogida de RSU.​ CARTAYA PÚBLICA promueve una recogida de firmas entre los vecinos y vecinas de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil para que la reciente concesión por un año a empresas privadas de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y de recogida de RSU no dé paso a una adjudicación posterior por 25 o más años y se pueda recuperar la gestión pública de ambos servicios.

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